sino por un cambio

1  Reforma política para una democracia intensa

Pensamos en una sociedad donde la política esté cerca de la ciudadanía y donde la sociedad 

haya vuelto a apropiarse del sistema político.

Queremos ampliar la democracia representativa hacia una participativa, en la que la sociedad adquiera protagonismo, lo que implica ubicar a la ciudadanía dentro de las instituciones y no fuera de ellas.

En este marco, las esferas locales constituirán espacios privilegiados para el desarrollo de experiencias de participación ciudadana en los procesos de definición de políticas públicas y establecimiento de prioridades presupuestarias.

En el mismo sentido, resulta indispensable para mejorar la representación y avanzar en el acuerdo de reglas básicas de convivencia, la institucionalización de ámbitos de concertación entre los distintos actores políticos, económicos y sociales de nuestro país que favorezcan la solución de los conflictos a través del diálogo y la búsqueda de consensos. 

Una democracia dotada de herramientas como una nueva normativa hacia la creciente democratización de los partidos políticos con garantías para que las minorías internas puedan organizarse y tener representación proporcional en los órganos partidarios; régimen de transparencia sobre el financiamiento de los partidos; revocatoria de mandatos y establecimiento de plazos máximos de renovación de cargos; desarrollo del sistema de consultas vinculantes sobre bienes públicos y comunes; ampliación de los sistemas vigentes para la elección de fiscales; legitimación de las modalidades de organización política de los pueblos originarios, sistemas electorales basados en tecnologías modernas y seguras que garanticen que el 

voto del ciudadano se exprese fielmente, entre otros.

Entendemos indispensable la extensión de la democratización al interior de los espacios laborales. La libertad y democracia sindical es clave para que los trabajadores y trabajadoras puedan decidir sus formas de organización y representación.

2   Hacia un federalismo cooperativo

El federalismo es el modo de organización que mejor responde a los desafíos de la democracia en nuestro país, pero no lo reducimos a lo administrativo y financiero. La construcción de una verdadera cultura federal supone pactos de ciudadanía recíprocos que permitan combinar autonomía política, administrativa y fiscal con un proyecto común de país. 

Pensamos en un nuevo federalismo cooperativo, que es mucho más que un “federalismo de gobernadores”. Implica que la Nación, las Provincias y los Municipios discutan, de cara a la sociedad y con la intervención de ella, acerca de cuáles son las funciones y los servicios que se prestan en cada jurisdicción y cómo deben financiarse. En ese marco, la redistribución de competencias entre jurisdicciones debe asegurar que cada una de ellas cuente con recursos acordes a los servicios que presta, y que tenga la capacidad para gestionar la recaudación de los mismos. Que exista un gobierno nacional dispuesto a equilibrar las desigualdades con un criterio de solidaridad territorial. 

Los mecanismos de control democrático a nivel local estarán construidos desde la óptica de garantizar que los grupos políticos que no estén en el gobierno puedan ejercer dignamente su trabajo de fiscalización 

y cuenten con herramientas de auditoria ciudadanía. 

Un federalismo cooperativo será capaz de generar desarrollos institucionales nuevos para abordar las problemáticas de las áreas metropolitanas, a fin de mejorar la capacidad de gestión y de asociatividad en los temas que afectan la calidad de vida de las poblaciones que habitan esas áreas, que son espacios interjurisdiccionales y que no son ni Nación, ni Provincias, ni Municipios.

3   Buen gobierno en una esfera estatal transparente

Pensamos un país donde el cumplimiento de la Constitución Nacional, la independencia de los poderes del Estado y la vigencia de la República sean los pilares de un Estado moderno, solidario y eficiente. La buena gestión, la exigencia ética en el comportamiento de los cargos públicos y la eliminación de cualquier práctica corrupta, serán las características del funcionamiento estatal y fuente de legitimidad del Gobierno Nacional.

Una Administración Pública donde se hayan revisado todos los procedimientos administrativos con el objetivo de simplificarlos y de facilitar a la ciudadanía el pleno acceso al cumplimiento y satisfacción de sus derechos.

Queremos que el acceso a la función pública sea compatible con el mandato constitucional 

de la idoneidad, el mérito y la capacidad de sus aspirantes.

Un Congreso Nacional jerarquizado, con organismos técnicos profesionalizados elegidos por concurso, con mayor vinculación con la ciudadanía. Un Poder Ejecutivo que reduzca a su mínima expresión el uso de herramientas constitucionales de excepción, como los vetos presidenciales y los decretos de necesidad y urgencia.

Pensamos en un sistema de información que garantice la transparencia de los actos de gobierno, que establezca la obligación del funcionario de informar de la gestión y el derecho de la ciudadanía a acceder a una información completa, oportuna y veraz.

4   Lo público como campo de encuentro

Una responsabilidad indelegable del Estado en sus distintos niveles es garantizar el acceso universal a los derechos. Sin perjuicio de ello, se dará relevancia y promoción a todas las formas de asociacionismo solidario que defienden y protegen derechos universales y aportan mecanismos efectivos de ampliación de la base de participación democrática. 

Pensamos en mecanismos que permitan una fuerte interacción entre el gobierno y la sociedad civil, con una activa participación social en la ejecución de programas, la realización de actividades y la prestación de servicios 

que dan respuesta a derechos fundamentales. 

Se promoverán nuevas instituciones públicas no estatales que presten servicios o provean bienes públicos, a cargo de los propios interesados, que puedan administrar recursos procedentes del presupuesto público y que estén obligadas a rendir cuenta de su gestión. Estará garantizada la participación de los usuarios en la gestión y control de los servicios públicos. Funcionarán consejos consultivos en todos los niveles de gobierno, particularmente a nivel local. 

Será fundamental que la ciudadanía tenga acceso a una información veraz a través de medios de comunicación que garanticen una comunicación transparente, libre e independiente y que los medios de comunicación sean canales de expresión de voces representativas de todas las expresiones ideológicas de la sociedad. 

5   Una Nación de paz, seguridad y convivencia

Argentina debe ser un territorio seguro, en el que sus habitantes puedan gozar de las mejores condiciones para ejercer sus derechos y vivir en un marco de paz, solidaridad y convivencia.

La igualdad de oportunidades, para que todas las personas puedan alcanzar los mejores niveles de desarrollo individual como parte del desarrollo colectivo, humano, social y sustentable, es la garantía para alcanzar el sueño de la felicidad compartida. 

Para eso, se necesitan instituciones sólidas en el marco de una democracia intensa, con participación social, estabilidad y plena vigencia de la ley. En ese contexto, los lazos sociales serán más fuertes para sostener valores inalterables, como el respeto al prójimo, la confianza y la reciprocidad, por sobre la violencia social, el individualismo y el temor al otro. 

Aspiramos a vivir en un país respetuoso de las diversidades políticas, sociales, culturales y religiosas; y en el que se fomente la integración comunitaria e interinstitucional bajo la acción eficaz del Estado para detectar y prevenir las causas del delito y la violencia, y para evitar sus consecuencias.

La estabilidad política, institucional y económica son condiciones fundamentales para alcanzar el ideal de una sociedad segura. Esa también es la condición más efectiva para luchar contra las organizaciones delictivas vinculadas a economías ilegales de alto rendimiento y a redes públicas y privadas de corrupción. El Estado debe desplegar con excelencia una tarea de inteligencia que pueda anticiparse al crimen organizado y quebrar los vasos comunicantes entre la marginalidad social, la corrupción policial y el financiamiento espurio de la política.

Erradicar los marcos y mercados operacionales del delito complejo, el narcotráfico, el lavado de dinero, el cibercrimen y la trata de personas son retos insoslayables, por el enorme daño que producen en nuestra sociedad. Ello requiere de un firme accionar en el control y represión, fuerzas de seguridad competentes para hacerles frente; como así también de una 
eficaz concertación regional e internacional.

Las fuerzas de seguridad, formadas en valores democráticos y comprometidas con la sociedad, deben cumplir acabadamente con su papel de protección sobre las personas y los bienes. Para ello, su profesionalización, equipamiento, remuneración y conducta, son elementos fundamentales para garantizar la calidad de la función.

El sistema penitenciario debe brindar condiciones dignas de encarcelamiento para cumplir sus objetivos de reinserción y resocialización, garantizando el acceso a la educación, el deporte, la cultura, la salud y el trabajo de los reclusos. 

Abordar la seguridad humana, la seguridad ciudadana, desde una perspectiva integral que considere la protección de las personas como un deber del Estado, es el desafío más importante de nuestro tiempo.

6   Independencia, verdad y memoria hacen justicia

Para hacer realidad ese marco de estabilidad y ejercicio de derechos, es imprescindible garantizar la plena vigencia de la Constitución, y el funcionamiento de las instituciones de la república, a través de una justicia independiente, 
de accionar transparente, ágil y eficaz. 

Anhelamos que se privilegie el diálogo, el consenso y la negociación a través de 

canales institucionales de resolución de los conflictos.

El Poder Judicial debe ser independiente de los otros poderes, como de las presiones de grupos corporativos y del tráfico de influencias internas y externas. Y el Consejo de la Magistratura debe funcionar en sintonía para asegurar aquellos principios, asegurando mecanismos transparentes de nombramiento, remoción y sanción de magistrados y herramientas de formación y evaluación continua de su desempeño para reducir la discrecionalidad, el abuso de poder y la corrupción.

Aspiramos a alcanzar el funcionamiento de una Justicia de excelencia, desburocratizada, que posea nuevas destrezas, incorpore tecnologías y promueva la coordinación interagencial, para garantizar la agilidad y eficacia en los procesos. 

La Justicia debe incorporar definitivamente los nuevos paradigmas respecto de la tutela de las víctimas 
y sus derechos, dándoles plena participación y protección integral.

Pensamos que las políticas de memoria y verdad deben ser profundizadas, a fin de consolidar la sociedad 
que todas y todos queremos: más justa y más democrática.

El valor de Lo Justo como parámetro de las relaciones convivenciales dentro de una sociedad democrática implica también incorporar una mirada sobre la equidad distributiva y la igualdad de las oportunidades. La Justicia, en tanto institución y en tanto filosofía de la integración de las relaciones interpersonales, es también la base para el ejercicio ético de la libertad. 

7   Un hábitat que honre la vida

Un hábitat vivible es una condición básica de igualdad que se alcanza con una fuerte presencia 

del Estado en el territorio y con participación ciudadana.

La construcción del hábitat será una experiencia participativa, no se construyen sólo viviendas sino también relaciones entre personas. El hábitat que queremos incluye una red de bienes públicos como espacios de integración social, y da lugar al acceso a derechos sociales hoy postergados (educación, salud, trabajo, vivienda, cultura), garantizando que todos 
los habitantes ejerzan plena ciudadanía.

El disfrute equitativo de los beneficios de la vida urbana es el objetivo de una sociedad inclusiva. La función social de la propiedad es un elemento constitutivo y esencial del derecho de propiedad y no externo al mismo. Apunta a conciliar los intereses de los propietarios con las necesidades colectivas debidamente fundadas. Las cargas y beneficios deben ser compartidos entre el Estado y los propietarios privados, allí radica la integración social a la que aspiramos. 

Un hábitat vivible también producirá una reorganización del territorio, considerará los espacios urbanos y la ruralidad, tendiendo a la relocalización productiva y habitacional en relación con economías regionales. En definitiva, que las personas en nuestro país no estén obligadas a migrar de sus lugares de origen y dejar sus raíces en busca de oportunidades, sino que puedan elegir quedarse y desarrollar allí sus proyectos de vida.

En este contexto se debe dejar en claro que toda persona tiene derecho a un lugar seguro donde vivir en paz, con respeto a su cultura, con dignidad y bienestar. Para garantizar el derecho a la vivienda es necesario que exista: seguridad de posesión en términos amplios; acceso a los servicios públicos e infraestructura; asequibilidad para los grupos más desfavorecidos; adecuadas condiciones de habitabilidad; accesibilidad al empleo, la salud, la educación y otros servicios sociales.

El Estado tiene un rol esencial en función del cumplimiento efectivo de los derechos mencionados, tanto como productor de espacio construido en el marco de sus programas habitacionales, como proveedor de la infraestructura básica que garantice una adecuada calidad de vida, y por último como planificador del territorio orientando los procesos de desarrollo desde un enfoque de inclusión social y equilibrio territorial.

8   Piso de ingresos, derechos y garantías para el conjunto de los hogares

Pensamos en una nueva matriz distributiva y en la implementación de una profunda reforma fiscal progresiva. Que los sistemas de protección social recuperen su capacidad integradora y que existan mecanismos nacionales que ayuden a compensar las diferencias regionales en el acceso y la cobertura de las prestaciones sociales.

El Estado deberá ser capaz de garantizar un piso de ingresos, derechos y garantías para todos los hogares con independencia 
del lugar que ocupen las personas en el ordenamiento social.

Es una tarea ineludible rediseñar un sistema de seguridad social acorde a las nuevas realidades. Debemos lograr un consenso para la construcción de un sistema previsional que sea sostenible y previsible, que supere la línea divisoria entre asalariados formales y trabajadores informales y desocupados, con un claro horizonte de mediano plazo, cualidades 
que no se cumplen en la actualidad. 

El derecho al cuidado de todas las personas será garantizado desde un principio de universalidad, con acciones 
de amplio alcance y superadoras de la mera asistencia.

9   Derecho a tener derechos

Soñamos un país, donde el eje de nuestros esfuerzos de integración social está puesto en las niñas, niños y adolescentes. Un país donde la infancia ocupe el centro de nuestras preocupaciones y nuestros desafíos.

Pensamos un país donde las niñas y los niños se expresen en libertad, puedan crear, jugar, formarse y crecer en paz y protegidos. Donde sus palabras sean escuchadas y atendidas por toda la sociedad. Donde el territorio, la realidad económica o la pertenencia social no sean un obstáculo sino una fortaleza para su desarrollo.

Apostamos por un país con ojos de niños. Un país de y para las niñas y los niños.

Un país donde las juventudes sean protagonistas y actores estratégicos del desarrollo, 

con participación activa en la vida política, social, económica y cultural.

Para esto, las políticas públicas de juventudes se conformarán de manera integral, transversal y participativa. Superando las miradas estigmatizantes y reduccionistas que sólo plantean los déficits, el riesgo y la transgresión juvenil. Adoptando políticas públicas que refuercen potencialidades y capacidades, reconociendo a los jóvenes 
como sujetos activos de derechos y socialmente responsables.

Queremos una política integral de deportes que sea fuente de inclusión social, de transmisión de valores y de prevención de problemas que aquejan a la sociedad como conductas adictivas, deserción escolar y violencia.

Pensamos en una sociedad que trabaje por el respeto y la integración cultural, social y económica de sus pueblos originarios en el marco del reconocimiento de su preexistencia étnica y cultural.

Queremos un país donde el encuentro intergeneracional y la participación de sus adultos 

mayores en diversas instancias de la vida, sean valorados.

Pensamos en una Argentina que ofrezca condiciones para que la libertad y la igualdad 

de las personas con discapacidad sean reales y efectivas. 

10   Educación y salud: nuestra mejor inversión

La educación es el bien público inalienable para la construcción de una nueva alianza entre ética y conocimiento, entre saber y ciudadanía y entre cultura y formación de niñas, niños y jóvenes.

Nuestra propuesta educativa se nutrirá de la recuperación de la energía que anida en el sentido colectivo de la vida. Sentido sin el cual no hay desarrollo posible de pensamiento (filosófico, científico, técnico) y que, además, da marco ético al acto de educar. Este último es el acto político de reconocer al otro y de ofrecerle el mundo para que pueda conocerlo. 

Una sociedad que deposita su esperanza en la educación, se hará cargo de re-entramar los lazos sociales, restituir la palabra y reconstruir la autoridad y la legalidad para que educar sea posible. El Estado tiene aquí una responsabilidad indelegable, 
la de garantizar la institucionalidad republicana.

Imaginamos un sistema educativo integrado, con capacidad y posibilidad de hacer frente a las situaciones y complejidades 
del desarrollo del conocimiento y las problemáticas socioeducativas.

Un sistema educativo en el que la escuela sea el eje de un proyecto de vida 

de futuro y esperanza para nuestros jóvenes.

Una escuela en la que los docentes recuperen la dignidad y autoridad pedagógica que merecen; en donde los alumnos sientan que tienen un espacio para desarrollar sus capacidades e inquietudes.

Una escuela que contribuya con la construcción de las subjetividades necesarias para la incorporación a una ciudadanía responsable. Una escuela que forme a los jóvenes en las capacidades que requiere hoy en día el mundo del trabajo. Una escuela laica y gratuita. En definitiva una escuela que sea motor y parte de un proyecto de país igualitario, 
con desarrollo social y ambientalmente sustentable.

La organización de la salud estará basada en un Sistema Único de Salud en base a cuatro principios: universalidad, gratuidad, equidad y participación democrática de trabajadores y usuarios. Se orientará a garantizar 
el acceso a la salud para todos los habitantes.

Pensamos en la integración de los sistemas de salud provinciales, municipales; las obras sociales estatales, el PAMI y el subsistema privado, donde el estado nacional tenga el rol conductor del proceso y equilibrador de las desigualdades, estableciendo una autoridad única del sistema nacional de salud con representación de los distintos niveles juridiccionales, con un Consejo Federal de Salud reorganizado que permita esa participación.

El desarrollo de una red de laboratorios de producción y de investigación de medicamentos, sueros y vacunas, será un eje estratégico así como la atención primaria de la salud. Asimismo, se desarrollarán sistemas de investigación interdisciplinaria basados en los determinantes de salud de carácter público, y la promoción de la investigación básica y clínica 
no ligada a la industria farmacéutica.

La generación de procesos de integración regional de los subsistemas de salud públicos y el establecimiento de políticas específicas para cada territorio, en especial para las áreas metropolitanas, 

serán clave para alcanzar los niveles de calidad deseados.

11   Igualdad de géneros, un desafío en acción

Pensamos una sociedad en la que a partir de un cambio cultural profundo se hayan modificado sus conductas sexistas, eliminando prejuicios, estigmas y mandatos que son los que en la actualidad sostienen y reproducen el machismo, y por lo tanto, la desigualdad entre hombres y mujeres.

Deseamos una sociedad que haya erradicado la violencia de género y donde los femicidios o cualquier otro tipo de manifestación de la violencia: física, psicológica, social, institucional o mediática; no sean parte de la realidad cotidiana. 

Pensamos una sociedad sin trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. 

Una sociedad sin mujeres muertas por abortos clandestinos.

Queremos un Estado que tome la igualdad entre hombres y mujeres como eje central, incorporando todas las herramientas necesarias en su planificación, con presupuesto para promover la igualdad de género en todas las políticas públicas, ya sea transversal como específicamente, promoviendo y garantizando la educación sexual integral, los derechos sexuales y reproductivos, y el ejercicio activo de los derechos políticos y sociales de las mujeres.

12   Trabajo como realización personal y social

El trabajo tendrá un rol central en la nueva matriz productiva y distributiva del país. Tomado como un derecho y, a la vez, como un eje integrador de las políticas públicas vinculadas al desarrollo económico y social del país, estará centrado en brindar las facilidades necesarias para que los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar plenamente sus capacidades, condición indispensable para mejorar las condiciones de productividad y competitividad de la economía argentina. 

Queremos una Argentina que fomente el empleo para los sectores desocupados, con propuestas integrales de seguro de desempleo, programas de reconversión laboral y generación de nuevas fuentes de trabajo.

Pensamos en condiciones laborales que se realicen en un marco de libertad, equidad, seguridad, salubridad y dignidad; donde se respeten los deberes y derechos, con remuneraciones adecuadas y una amplia protección social. 

La extensión de las relaciones laborales de calidad, como base de una economía centrada en el consumo de los sectores populares, es una ocupación central de todo país progresista.

Imaginamos un país que garantice el acceso a procesos de formación o reconversión profesional de los colectivos más vulnerables, que les permita incorporarse al empleo formal o a procesos asociativos de economía social y solidaria. 

Queremos un país en el que se promuevan los valores positivos de la economía poniendo énfasis en el comercio justo, la autogestión, microcréditos solidarios y el trabajo decente que permiten pensar el desarrollo social y el desarrollo económico como un único proceso generador de lazos sociales de cooperación y construcción de capital social para una sociedad más justa.

13   Desarrollo armónico, innovación y conocimiento

Concebimos un modelo económico basado en la capacidad creadora del hombre y la mujer en el trabajo, en el que se conjuguen el conocimiento adquirido en el sistema educativo y las habilidades y saberes del mundo laboral, con la ciencia y la tecnología. Será un modelo productivo cimentado en la innovación, que garantice una genuina competitividad evitando los atajos de una competitividad no sustentable de bajos salarios y sobreexplotación de algunos recursos naturales.

Será un modelo productivo que tome las cadenas de valor como unidad operativa, alejándose de concepciones segmentadas de la producción, potenciando el eslabonamiento, con énfasis en las economías regionales.

Aumentaremos el nivel de integración de los complejos productivos claves consolidando una trama económica más densa, que se complete con empresas nacionales (privadas, públicas o autogestionadas socialmente).

Se avanzará en las cadenas de valor de los productos exportables a partir de la sustitución 
de las exportaciones de menor valor agregado. 

Se impulsará la vinculación de las diferentes cadenas de valor existente y se favorecerá el desarrollo de cadenas emergentes. 

Pensamos en una industria que recobre su capacidad innovativa a partir de vincularse con el sistema científico al integrar conocimiento y tecnología al proceso productivo, que sea capaz de generar empleo de calidad. 

14   Diversificación productiva y cuidado ambiental

Pensamos en un territorio integrado, construido fundamentalmente a partir del cuidado ambiental con el fin de conservar las riquezas naturales y las condiciones de vida de quienes lo habitan.

La lógica de las actividades primarias de extracción se dirigirá, por sobre todas las cosas, a satisfacer las necesidades de los argentinos y argentinas, y a la provisión de divisas para consolidar la nueva matriz productiva en un marco de sustentabilidad y desarrollo. Los recursos naturales no serán explotados como sectores de extracción rápida de riquezas en detrimento del medio ambiente y la salud de generaciones futuras.

Un modelo productivo que aprovecha sus ventajas naturales a nivel del agro, considerando la industrialización de las producciones biológicas renovables como uno de los motores del desarrollo. Pensamos en la idea de la “fábrica agropecuaria” como oposición a la primarización del sector.

Pensamos en un complejo agroindustrial con capacidad de insertarse en las etapas más complejas y rentables de la cadena de valor, no sólo de la producción de alimentos sino también alcanzando niveles significativos 
de producción nacional en genética, insumos y equipamiento.

La producción deberá relocalizarse cerca de los productos primarios. De esta forma, los proyectos de desarrollo se diseñarán desde el propio territorio, permitiendo la identificación y potenciación de las capacidades locales para arribar a soluciones específicas de las problemáticas sociolaborales y culturales.

Será una economía que habrá recuperado las capacidades productivas en la industria, poseerá condiciones de incorporar valor agregado en aquellos productos que se encuentren en los eslabones más bajos de la cadena 
y generará una dinámica industrial más integral. 

Los sectores productivos, lejos de ser enclaves aislados, se relacionarán entre sí y se apalancarán mutuamente en procesos de crecimiento conjunto. Además, se reactivarán algunos sectores estratégicos, hoy ausentes, 
como la industria naval, astilleros, ferrocarriles, etc. 

Pensamos una economía con interconexión, con capacidad de generar sinergia entre los sectores productivos, tanto al interior de cada sector como intersectores: la industria con el agro, los servicios y los territorios. La capacidad de generar riquezas y bienestar generalizado es un desafío sistémico.

15   Un Estado generador de condiciones estratégicas

Pensamos en un Estado que retome el control sobre el proceso de desarrollo económico y garantice la inversión necesaria al tiempo que proteja sus recursos naturales y humanos. Por ello, todas las actividades primarias (agro, minería y pesca) se desarrollarán bajo nuevas reglas de funcionamiento que garanticen el cuidado del ambiente, que favorezcan la incorporación de valor agregado, y tengan las mismas reglamentaciones en todo el territorio nacional. 

La planificación estratégica de la economía habrá sido elaborada por el Estado en un proceso que contará con la participación decisiva - y no meramente consultiva - de la sociedad. En ese proceso, intervendrán las organizaciones empresariales, de los trabajadores, y el sistema de ciencia y técnica entre otros actores.

Esta nueva institucionalidad debe favorecer la liberación de las capacidades productivas y técnicas existentes, en el marco de un equilibrio entre concentración y productividad, entre productividad y equidad.

Pensamos en un Estado orientador de las inversiones necesarias para garantizar el crecimiento económico pero también como sujeto económico en el caso de inversiones que sean estratégicas.

Pensamos un sistema financiero y bancario orientado para acompañar especialmente las nuevas instancias productivas así como las inversiones en innovación y tecnología, sobre la base de la definición de la intermediación financiera 
como un servicio público.

16   Nuevas bases para que la economía genere y comparta riqueza

Pensamos en un proceso económico con capacidad de generar excedentes, que permitirá la reinversión necesaria para el crecimiento y para impulsar el ritmo de innovación tecnológica. Necesitamos nuevos motores de crecimiento de la economía que funcionen en plenitud, cualesquiera sean las condiciones internacionales.

Este proceso apuntará a la recuperación del capital social relacionado con la existencia de empresarios o grupos económicos de origen local. En efecto, la existencia de estos actores sociales (que incluyen Pymes, grupos empresarios de porte medio y cooperativos locales) y de sus capacidades, es un elemento esencial para el desempeño exitoso 
de la economía en el contexto global.

Se asegurará el financiamiento de los servicios que atiende el Estado, en tanto garante del bienestar general de la población. El equilibrio a nivel macroeconómico permitirá pensar en senderos de crecimientos sostenidos. 

17   Energía como elemento esencial del desarrollo

Pensamos un país donde el Estado tenga el control de los recursos energéticos a partir de la implementación de un proceso de planificación energética integral en donde se priorice una matriz diversificada que garantice el autoabastecimiento, y se promueva el desarrollo de las energías renovables.

Esta planificación del Estado nacional, siempre a través del diálogo con las provincias, gobiernos locales, universidades, sindicatos, ONGs, delimitará y liderará el rumbo estratégico a largo plazo, fijando con claridad los roles de los distintos niveles de gobierno, a la hora de establecer reglas e incentivos para la actividad sectorial.

Pensamos en que exista una nueva institucionalidad a nivel nacional con la participación de las provincias responsables de la aplicación de la legislación, la coordinación de políticas, y la resolución de los conflictos interjurisdiccionales, capaz de tomar decisiones en términos de inversión.

Pensamos en el funcionamiento de un espacio complementario que trabaje en la elaboración continua de información legítima sobre eficiencia energética y energías renovables, integrado por académicos y la comunidad científica, independiente del Poder Ejecutivo, que potenciará y nutrirá las decisiones en términos de inversión y diversificación de la matriz energética.

18   La infraestructura del país que queremos

Gestionaremos a partir de un plan estratégico, obras de infraestructura de movilidad y redes de servicios, que promuevan la producción y el desarrollo integral del hábitat y de las economías regionales.

Se trabajará en coordinación con los Estados provinciales, con participación de todos los sectores de la sociedad como dinamizadores de los procesos de transformación e inversión en infraestructura.

La matriz de la infraestructura de transporte permitirá la integración del territorio e impulsará 
la modernización y mejora de los servicios. 

Pensamos en un Estado nacional garantizando la integralidad de las políticas de transporte multimodal, articulando y coordinando acciones con todos los niveles de gobierno, en base a una mirada prospectiva compartida 
con todos los sectores de la sociedad, que se anticipe a las demandas y desafíos futuros.

Soñamos con la reconstrucción de la red ferroviaria argentina que incentive la participación de los ferrocarriles en el transporte de cargas y de pasajeros en función una estrategia federal, con una industria ferroviaria nacional recuperada. 

Los principales corredores viales tendrán capacidad y seguridad, y la Nación asistirá los proyectos locales y regionales para el mejoramiento del transporte urbano, especialmente en las áreas metropolitanas y conurbaciones del país. 

Pensamos un sistema de transporte aéreo que garantice las conexiones entre las ciudades del interior, que haya ampliado y modernizado la red aeroportuaria, de radarización y seguridad aérea. Y un sistema de transporte fluvial que haya ampliado la navegación por los ríos y canales para mejorar la navegación, y adecuado los puertos a los buques de gran calado y a los flujos del tránsito fluvial y marítimo. El Estado habrá recuperado sus funciones soberanas sobre la navegación fluvial y marítima con recuperación de los astilleros y su marina mercante. 

Pensamos en un país donde el Estado garantice el acceso al agua potable, a las condiciones de saneamiento, el abastecimiento de energía eléctrica y de gas natural en todas sus regiones.

Un país donde coordinadamente con las provincias, se diagrame un sistema nacional de acueductos que promueva la integración de los recursos hídricos, resuelva el problema de acceso al agua como derecho humano fundamental, desarrolle y aplique nuevas tecnologías para el manejo, tratamiento y reutilización del agua.

19   Argentina en el mundo

Queremos un país que lleve a plano internacional los valores de democracia, vigencia de los derechos humanos, no injerencia en asuntos internos de los países y respeto a todas las culturas políticas.

La política exterior trabajará en el fortalecimiento de los procesos de integración existentes buscando una mayor institucionalización de los mismos, no sólo a nivel intergubernamental, sino también fomentando la participación de la sociedad a través de los movimientos y organizaciones sociales.

Se trabajará en todos los procesos de integración existentes a nivel latinoamericano, pero también se dará importancia a todas las instancias de cooperación Sur – Sur, no reduciendo la cooperación a lo económico sino incorporando 
otras instancias como las culturales y educativas. 

Se habrá avanzado en una agenda especial con Brasil, como principal socio del país, a fin de consolidar la integración 
a partir de la implementación de un plan estratégico conjunto.

20   América Latina, territorio integrado con democracia, paz e igualdad

Soñamos un MERCOSUR, en tanto experiencia pionera de integración en la que hemos participado como país, con instituciones supranacionales funcionando producto de haber cumplido con una agenda de trabajo común. Esta experiencia ha permitido que las otras instancias como UNASUR, CELAC y ALBA también hayan definido sus mecanismos de funcionamiento. 

La institucionalización de estos procesos se basará en la implementación de mecanismos que permitan la toma de decisión de manera democrática, representativa con ámbitos específicos para la resolución de los conflictos internacionales. 

Nos pensamos a nivel de América Latina con capacidad de construir una plataforma desde la cual todos los países de la región actúen en las instancias internacionales, lo que representa una escala distinta con mayor posibilidad de incidencia. 

América Latina es un continente rico, cuya riqueza proviene de la diversidad. Una diversidad de recursos naturales (agua, tierra, biomas, minerales) y humanos que son nuestro principal potencial.

La integración debe ser una herramienta para dinamizar economías complementarias, basada en ventajas cooperativas y no competitivas. Debe generar un mercado interno complementario, con infraestructura adaptada a cadenas productivas integradas y sustentables, con un modelo de integración energética orientado a la región.

La integración regional posibilitará también la configuración de una nueva arquitectura financiera regional que nos permitirá tener cierta autonomía frente a los procesos de la globalización y servirá como una herramienta de protección de los bienes comunes frente a procesos de mercantilización y financiarización de la naturaleza.

Pensamos el Banco del Sur no sólo como un instrumento financiero sino con el objetivo último de una moneda común. 

Nada de lo anterior será posible de alcanzar si no se desarrolla un proceso de institucionalización de las relaciones entre el poder político y las fuerzas armadas, así como la eliminación de las hipótesis de guerra entre los países. Queremos profundizar estos procesos a partir de alcanzar mayores niveles de institucionalización del Consejo de Defensa Sudamericano y el Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa del UNASUR.

Argentina debe profundizar la construcción de una estrategia consensuada regionalmente sobre la disputa por la soberanía de las islas Malvinas y por la preservación de los espacios marítimos y antárticos.

Nos comprometemos a impulsar la consolidación de nuestra región como “zona de paz” impidiendo y condenando la instalación en nuestros territorios de cualquier tipo de base o infraestructura militar de Estados ajenos a la región, incluyendo 
en esto la presencia bajo otras formas de cooperación.

El FAP cree que están dadas las condiciones para que América Latina consolide los procesos de integración con una perspectiva de derechos y con una clara agenda a favor de la paz, la democracia, el desarrollo sustentable, la defensa 
del medioambiente y la superación de las desigualdades. 

20 ideas para 20 años